El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cerró 2025 con cifras récord de inversión y cobertura, pero también con importantes carencias estructurales que siguen condicionando su eficacia. Así lo recoge el último dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que advierte de la consolidación de un modelo de atención de baja intensidad y del mantenimiento de amplias listas de espera.

La inversión total alcanzó los 13.506,6 millones de euros, el nivel más alto desde la puesta en marcha del Sistema. No obstante, este esfuerzo económico equivale al 0,8 % del PIB, aproximadamente la mitad de la media de los países de la Unión Europea. El incremento se produjo pese a la paralización, en 2024, del refuerzo estatal impulsado en el marco del Plan de Choque.

En términos de cobertura, el sistema mantiene una tendencia al alza. A cierre de 2025, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia y se registraron 158.618 personas más atendidas durante el año. También crecieron las solicitudes, resoluciones y reconocimientos de grado.

Sin embargo, este avance cuantitativo no se ha traducido en una mejora proporcional de la calidad o intensidad de las prestaciones. El informe apunta a un predominio creciente de ayudas económicas frente a servicios profesionales, lo que repercute tanto en el empleo generado como en el retorno económico al Estado.

Persisten las listas de espera y la demora en la atención

Uno de los principales problemas sigue siendo la demora en el acceso a las prestaciones. Al finalizar 2025, 258.167 personas permanecían a la espera en alguna fase del procedimiento. De ellas, 148.907 ya tenían reconocido el derecho, pero aún no recibían atención.

El tiempo medio de tramitación se situó en 341 días, siete más que el año anterior. A este ritmo, el Observatorio estima que serían necesarios más de diez años para eliminar completamente las listas de espera.

La consecuencia más dramática de esta situación es el elevado número de personas que fallecen sin haber recibido atención. En 2025, 32.704 personas murieron mientras esperaban una valoración o la prestación correspondiente, lo que equivale a una muerte cada 16 minutos.

Desigualdades territoriales y diferencias en la gestión

El informe también subraya las importantes diferencias entre comunidades autónomas en el desarrollo del sistema. Castilla-La Mancha y Castilla y León lideran la clasificación del Observatorio con puntuaciones de 8,25 y 7,5, respectivamente, mientras que Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentan los niveles más bajos.

Estas desigualdades afectan tanto a los tiempos de tramitación como a la intensidad de los servicios y las cuantías de las prestaciones.

Un modelo basado en prestaciones de baja cuantía

El Observatorio advierte de la consolidación de un modelo “low cost”, caracterizado por prestaciones económicas reducidas, servicios de baja intensidad y limitaciones en la compatibilidad entre recursos.

Actualmente, el 44,6 % de las personas beneficiarias recibe una prestación para cuidados en el entorno familiar, con una cuantía media mensual de 264,55 euros. Por grados, las ayudas oscilan entre los 172,6 euros en grado I y los 385,1 euros en grado III.

Asimismo, más de 66.000 personas tienen como única prestación la teleasistencia, un servicio considerado insuficiente como respuesta integral a situaciones de dependencia.

Retos pendientes y financiación

Pese al incremento global del gasto, el informe señala una menor capacidad de retorno económico al Estado y un leve crecimiento en la generación de empleo vinculado al sistema. Ambos factores se asocian al aumento del peso de las prestaciones económicas frente a los servicios profesionales.

En este contexto, el Observatorio considera insuficiente la actual financiación y advierte de que la reciente propuesta de reforma de la ley, aunque incorpora avances, no podrá desarrollarse plenamente sin un aumento presupuestario. En concreto, plantea la necesidad de incrementar en al menos 1.000 millones de euros la dotación destinada a dependencia en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Entre las medidas prioritarias, el informe destaca la agilización de los procedimientos administrativos, la reducción de las listas de espera, el refuerzo de los servicios profesionales y el incremento de las cuantías de las prestaciones para garantizar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia.