El Consejo de ministros ha aprobado, en segunda vuelta, el proyecto de ley que reforma dos leyes fundamentales del ámbito social: la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Con esta aprobación, se inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha sido presentada por el ministro Pablo Bustinduy, quien ha definido la reforma como “un paso decisivo hacia un sistema de cuidados público y de calidad, que garantice el derecho al bienestar, a la vida independiente y a la autonomía personal”.

La nueva normativa contempla una ampliación del catálogo de servicios y prestaciones tanto para personas en situación de dependencia como para aquellas con discapacidad. Entre los principales cambios destacan la supresión del régimen de incompatibilidades de 2012, permitiendo una atención más personalizada; y la eliminación plazo máximo de dos años para acceder a prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar.

Bustinduy ha subrayado que esta reforma adapta el Sistema de Dependencia a los retos actuales, incorporando más derechos, menos burocracia y mayor uso de tecnología al servicio del bienestar.

Reforzando la financiación y el modelo de cuidados

Como parte de este proceso de mejora, el Gobierno ha aprobado una inversión histórica de 783,2 millones de euros en 2025 para las comunidades autónomas, en el marco del nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este presupuesto, el más elevado hasta la fecha, será transferido a través de convenios entre el Ministerio y los gobiernos autonómicos.

Esta financiación forma parte de una estrategia conjunta con las comunidades, alineada con la Estrategia estatal de cuidados aprobada en 2024, que apuesta por un modelo de atención de proximidad, preferiblemente en el hogar o en entornos comunitarios.

Principales novedades del proyecto de ley

• Nuevos servicios y prestaciones, como la incorporación de cuidados en viviendas compartidas y modelos de convivencia colaborativa; y el préstamo de productos de apoyo como sillas de ruedas eléctricas, camas articuladas o asistentes de voz. Además de la extensión del servicio de asistencia personal, promoviendo la autonomía y la participación en la comunidad. Y el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio, incluyendo acompañamiento a actividades fuera del hogar.
• Reconocimiento a los cuidados familiares: extensión de la prestación económica familiar hasta el último día del mes del fallecimiento de la persona dependiente, evitando reintegros. También, inclusión del cuidado por parte de personas allegadas, dando respuesta a quienes viven solas.
• Acceso flexible y transitorio a servicios: Las personas en grado II o III podrán recibir prestaciones transitorias si no hay disponibilidad inmediata del recurso solicitado (por ejemplo, ayuda a domicilio mientras se espera una plaza residencial).

Derechos reforzados

• Derecho a elegir servicios y prestaciones, y a permanecer en el entorno elegido.
• Derecho a una atención libre de sujeciones físicas o farmacológicas.
• Atención sanitaria garantizada en todos los entornos, incluidas las residencias.
• Reconocimiento automático de discapacidad: Las personas con grado I de dependencia obtendrán automáticamente un 33% de discapacidad. Y, para los grados II y III, se establece una pasarela hacia el 65%, con opción de revisión individual.
• Se garantiza la compatibilidad entre empleo y prestaciones del SAAD, evitando que aceptar un trabajo implique perder apoyos.
• Se incorpora un artículo específico sobre condiciones laborales dignas para profesionales del cuidado, como parte del Reto Trabajadoras del SAAD.
• La teleasistencia pasa a ser un derecho universal, complementario a otros apoyos, también disponible para residentes en centros.
• Los centros de día se transforman en espacios comunitarios abiertos, con servicios que pueden prestarse fuera de sus instalaciones y con atención personalizada en zonas rurales o con baja densidad de recursos.