El Pleno del Senado ha aprobado la reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley de Discapacidad, aunque los cambios introducidos durante su tramitación en la Cámara Alta obligarán a que el proyecto regrese al Congreso de los Diputados para su votación definitiva.
La iniciativa salió adelante con 235 votos a favor y 23 abstenciones. PP, PSOE y Junts respaldaron el proyecto, mientras que formaciones como Vox, PNV, ERC y EH Bildu optaron por la abstención.
El paso por el Senado ha supuesto, sin embargo, una modificación sustancial del texto remitido inicialmente por el Congreso. La Cámara Alta ha incorporado 150 enmiendas, por lo que los diputados tendrán que decidir ahora cuáles mantienen y cuáles revierten cuando la reforma vuelva a someterse a votación.
El Grupo Popular, con mayoría absoluta en el Senado, consiguió sacar adelante 45 enmiendas propias y otras 11 acordadas con formaciones como PNV y Junts.
Entre los principales cambios introducidos figura la ampliación de la protección para las familias con hijos e hijas con cáncer o enfermedad grave, de forma que la prestación o permiso para su cuidado pueda mantenerse más allá de los 26 años cuando persistan las mismas necesidades asistenciales.
También se han incluido modificaciones destinadas a garantizar la libertad de elección de las personas en situación de dependencia, para que puedan optar entre recibir una prestación económica o acceder a un servicio, así como criterios para priorizar las ayudas atendiendo a la vulnerabilidad económica.
Las enmiendas aprobadas refuerzan además la protección de las personas con discapacidad ante los riesgos derivados de la inteligencia artificial, desarrollan la figura del facilitador procesal para mejorar el acceso efectivo a la Justicia e incorporan medidas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad.
El Senado también ha respaldado cambios para favorecer al tercer sector en el medio rural, mejorar la accesibilidad en las infraestructuras de transporte mediante baños adaptados para personas con ostomía y reconocer expresamente la sordoceguera como una discapacidad específica.
Las enmiendas afrontan ahora una votación decisiva en el Congreso
El regreso del proyecto al Congreso se presenta complejo. El Gobierno podría hacer uso de su capacidad constitucional para oponerse a aquellas enmiendas que supongan un aumento del gasto público o una reducción de ingresos no contemplada presupuestariamente.
Entre las medidas que podrían verse afectadas se encuentra la vertiente tributaria de la denominada pasarela entre dependencia y discapacidad.
Otro de los puntos en discusión será la prestación por cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave. El Senado ha aprobado que pueda mantenerse más allá de los 26 años en los casos de gran dependencia.
Sin embargo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja en una regulación específica de esta prestación, por lo que el contenido aprobado por la Cámara Alta podría ser modificado nuevamente durante su tramitación en el Congreso.
El bloque parlamentario que sostiene al Gobierno también tratará de revertir la enmienda introducida en relación con la LOMLOE y recuperar la redacción que había sido aprobada por el Congreso en julio.
La senadora socialista María del Lirio Martín ha defendido en este sentido la necesidad de volver al texto original, al considerar que era fruto del consenso alcanzado previamente en la Cámara Baja.
Las principales novedades de la reforma de la Ley de Dependencia
Al margen de las modificaciones incorporadas en el Senado, buena parte de la estructura central de la reforma se mantiene. El proyecto persigue una transformación del actual modelo de cuidados, con mayor peso de la atención en el domicilio y en el entorno comunitario.
Un modelo centrado en la persona
La reforma apuesta por un modelo de atención centrada en la persona (ACP) y por avanzar en la desinstitucionalización de los cuidados.
El objetivo es favorecer que las personas que necesitan apoyos puedan permanecer en su domicilio y en su entorno comunitario durante el mayor tiempo posible, siempre que esa sea su voluntad y resulte compatible con sus necesidades asistenciales.
La norma se enmarca también en la adaptación legislativa derivada de la reforma del artículo 49 de la Constitución en materia de discapacidad.
Compatibilidad entre servicios
Otro de los principales cambios es la eliminación de las restricciones e incompatibilidades entre prestaciones y servicios introducidas en 2012.
Con la nueva regulación será posible, por ejemplo, compatibilizar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) con la asistencia a un centro de día, siempre dentro de los criterios que determine el sistema de atención a la dependencia.
Nuevas prestaciones y ampliación de la ayuda a domicilio
El proyecto regula asimismo el préstamo de productos destinados a mejorar la autonomía personal, entre ellos sillas de ruedas eléctricas, andadores y otros dispositivos de apoyo.
También contempla servicios de apoyo vinculados a la vivienda y amplía el ámbito de actuación de la ayuda a domicilio.
El SAD podrá prestar determinados apoyos fuera de la vivienda, como acompañamientos a consultas médicas o actividades desarrolladas en el entorno comunitario.
Financiación compartida al 50 %
Uno de los elementos de mayor impacto económico es el compromiso de que la Administración General del Estado asuma el 50 % del coste real del sistema de dependencia, correspondiendo a las comunidades autónomas financiar el otro 50 %.
Este objetivo se acompaña de un incremento de los recursos destinados al sistema, con 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para elevar el nivel mínimo de financiación transferido a las comunidades autónomas.
La reforma afronta ahora su último tramo parlamentario. El Congreso tendrá que pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por el Senado y determinar qué versión del texto acaba convirtiéndose definitivamente en ley.
