Cantabria espera que el Plan de Choque en Dependencia suponga un incremento de la financiación

El Gobierno de Cantabria, a través de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha valorado "positivamente" la propuesta del Plan de Choque para la Dependencia presentada por el Ministerio de Derechos Sociales, si bien ha subrayado que ese documento ha de plasmarse "necesariamente" en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) con "un incremento sustancial de la financiación".

Álvarez ha anunciado que Cantabria trasladará al Ministerio de Derechos Sociales sus aportaciones al Plan, que contempla medidas como reconocer la teleasistencia como derecho subjetivo, incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), mejorar las prestaciones económicas o agilizar los procedimientos administrativos. Para la consejera, se trata de "un buen punto de partida que ahora hay que desarrollar a través del trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades autónomas, y en el que Cantabria participará activamente".

No obstante, ha insistido en que "sin un presupuesto adecuado y estable difícilmente se podrán implementar mejoras que permitan avanzar en los servicios de atención y cuidado que se prestan a las personas dependientes". A este respecto, ha afirmado que es "optimista" al ver "un Gobierno de España sensible e implicado para reducir el desequilibrio histórico en la financiación de la dependencia".

Asuntos pendientes
En cuanto a las reivindicaciones, Ana Belén Álvarez ha pedido al Imserso que retome de manera "inmediata", en el ámbito de la cooperación interadministrativa, algunos temas que estaban pendientes antes de la alerta sanitaria, como el desarrollo de la prestación del asistente personal para lograr un acuerdo de mínimos unánime entre comunidades autónomas.

Asimismo, ha abogado por la revisión de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar donde existe, según la consejera, la necesidad de ampliar el concepto de los cuidados en el entorno familiar para adaptarlo a las nuevas realidades, de manera que haya un "deslinde claro entre ambas prestaciones y se pueda dar cobertura a situaciones que quedan fuera del Sistema en la actualidad, por no existir vínculo de parentesco o convivencia en el domicilio entre el cuidador no profesional y la persona dependiente".

A su vez, ha defendido el desarrollo del servicio de teleasistencia avanzada, ya que la ejecución por parte de la Administración General del Estado ha impedido que este servicio se eleve a la categoría de prestación principal con todas las consecuencias que ello conlleva, incluida su financiación por parte del Estado. Según Álvarez, "deberían iniciarse los trámites necesarios para la modificación de la normativa actual (Real Decreto 1051/2013) que recoja lo ya acordado".

Revisión del baremo de discapacidad

Además, la titular de Políticas Sociales ha defendido la revisión del baremo de valoración de la discapacidad, la implantación de pasarelas y la revisión de las prestaciones a que da derecho el reconocimiento de la discapacidad, bajo una perspectiva integral. En este sentido, ha explicado que si bien existe acuerdo unánime en la necesidad de adaptar este baremo a la codificación internacional, hasta la fecha no ha quedado garantizado que su aplicación no conlleve un aumento del tiempo invertido en el reconocimiento del grado de discapacidad.

Por ello, Álvarez considera necesario abordar el resto de aspectos que influyen en el retraso actual en el reconocimiento de la discapacidad, con un enfoque global e integrador que persiga la eliminación de trabas burocráticas y bajo el principio de la eficiencia; concretamente mediante el diseño de un sistema de pasarelas entre discapacidad y dependencia, la revisión del procedimiento, la revisión de las figuras profesionales de valoración, la composición y funcionamiento de los equipos y el análisis de la normativa sobre las diferentes prestaciones a que da acceso el reconocimiento de la discapacidad.