Directores de las 27 residencias que forman parte de la Asociación de Centros Geriátricos del Principado de Asturias (ASCEGE) participaron en una jornada formativa en Gijón, en la que plantearon al jefe del Servicio de Inspección y Acreditación de Centros, Julio Martínez, sus principales dudas respecto a ciertas lagunas legales existentes en temas como las edades de admisión a los centros residenciales o el ingreso de residentes por debajo de la edad estipulada, pero que están aquejados de una enfermedad que merma o anula su independencia.
Asistieron responsables de residencias de distintos municipios: Gijón, Llanes, Villaviciosa, Cabranes, Noreña, Pravia, entre otros, y hubo unanimidad a la hora de valorar la iniciativa de ASCEGE. "La normativa siempre está sujeta a distintas interpretaciones y, en ese sentido, es importante tener claro el punto de vista de la Administración", coincidieron en señalar los asistentes.
La normativa contempla edades distintas a la hora de admitir ingresos en residencias. Para las privadas está fijada en 65 años, mientras que en una pública o concertada se puede acceder ya con 60 años. En el sector entienden que esta normativa debería modificarse y así se lo trasladaron al Jefe del servicio de Inspección, Julio Martínez, quien se limitó a aseverar que "el tema está ya encima de la mesa" y que "la normativa siempre puede cambiarse para acomodarla a las realidades que van surgiendo".
Otro de los temas por el que la mayoría de los asistentes mostró su preocupación fue los ingresos de personas que, no cumpliendo el requisito de la edad, solicitan ingreso en una residencia porque necesitan atención como consecuencia de alguna enfermedad tipo ictus o similar. Parece ser que la demanda ante este tipo de situación es creciente y no existe ahora mismo ningún recurso público específico para atender estas situaciones y tampoco normativa que ampare que se pueda prestar desde la iniciativa privada.
Julio Martínez explicó que el Gobierno central convocó en el 2014 a todas las comunidades autónomas para elaborar una Estrategia Sociosanitaria de ámbito estatal y las aportaciones que Asturias había realizado en las distintas comisiones de trabajo. Esa estrategia es la que fijaría la cartera de servicios básica a nivel nacional y la que serviría para regular esta atención específica a menores de 65 años y para que las comunidades autónomas pudieran regular después en sus respectivos territorios.
Según expusieron los asistentes es bastante habitual "recibir llamadas de urgencias de un hospital tratando de derivarnos un paciente que ya no puede seguir en el hospital, pero que tampoco puede ir para su domicilio. Por la edad tenemos que decir que no y el usuario se encuentra con un verdadero problema".
El fin último de la actividad, comentó el presidente de la ASCEGE, el geriatra Arsenio Alonso Collada, es que "aclaremos todas las dudas o lagunas que hay a la hora de interpretar determinadas instrucciones o realizar algún trámite concreto".
Para tratar de unificar criterios también se trataron otros temas como la presentación de las memorias anuales, el consentimiento informado o el visado del Reglamento de Régimen Interno.