El Observatorio Andaluz del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ha completado su modelo de gobernanza con la incorporación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

La adhesión quedó formalizada con la firma del acta por parte de la consejera Loles López y la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, en un acto que refuerza este espacio de diálogo y análisis como referente en el sector de la ayuda a domicilio en Andalucía. El observatorio se consolida, así, como un foro único donde confluyen administraciones públicas, patronales y sindicatos, configurándose como un pilar estratégico de la atención sociosanitaria.

La incorporación de estas instituciones culmina el proceso iniciado el pasado 3 de febrero con la participación de organizaciones sindicales y empresariales como CCOO de Andalucía, UGT Servicios Públicos Andalucía, ASADE (Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio), CECUA (Círculo Empresarial de Cuidados a Personas) y FAECTA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas).

En su sesión constitutiva, el Observatorio adoptó los primeros acuerdos ejecutivos y designó a su mesa directiva: CECUA ocupará la presidencia en representación de las patronales, mientras que CCOO asumirá la secretaría en nombre del ámbito sindical.

Retos que afrontar en dependencia

El Observatorio surge en un contexto marcado por los retos estructurales de la atención a la dependencia en Andalucía. Según el segundo informe del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), correspondiente al segundo trimestre de 2025, la comunidad afronta una situación crítica con más de 44.250 personas en lista de espera y más de 40.000 profesionales, en su mayoría mujeres, que atienden a 169.000 usuarios.

El informe también advierte de las desigualdades entre servicios como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o la atención residencial, lo que evidencia la sobrecarga y las carencias estructurales del sistema. Ante ello, el documento reclama un incremento de la inversión pública hasta el 2 % del PIB, con el fin de garantizar la sostenibilidad del modelo y la dignificación de la labor profesional en el sector.

Hoja de ruta y prioridades hasta 2026

El organismo ha definido su plan de trabajo para los próximos años, con especial atención a:

• La coordinación y supervisión del sector.
• La promoción de una competencia leal que garantice condiciones laborales justas.
• La mejora de la sostenibilidad y calidad del servicio, cuya prestación se encuentra infravalorada.
• La seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras.
• La delimitación de un marco profesional claro para evitar el déficit estructural de personal.