La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, ha publicado un nuevo estudio en el que el exsecretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granado propone revisar varias prestaciones del sistema de protección social, más allá de la pensión de jubilación.

El documento plantea cambios en las pensiones de viudedad y orfandad, los complementos a mínimos, la incapacidad temporal y las condiciones que permiten adelantar la edad de jubilación en determinadas profesiones.

Granado parte de una idea: el debate sobre la Seguridad Social se centra habitualmente en las pensiones de jubilación, aunque otras prestaciones contributivas representan ya una parte importante del gasto total del sistema. Por ello, propone abrir el debate sobre prestaciones que suelen recibir menos atención pública, con el objetivo de reforzar la relación entre lo que se cotiza y lo que se recibe, manteniendo al mismo tiempo los mecanismos de solidaridad y la financiación mediante impuestos cuando sea necesario.

 

 

Una nueva Ley General de la Seguridad Social

 

Una de las principales propuestas del estudio es aprobar una nueva Ley General de la Seguridad Social que actualice un marco normativo cuyos orígenes se remontan a las reformas de las décadas de 1960.

Granado considera necesario revisar algunos elementos básicos del sistema, como la distribución de las cotizaciones entre empresas y trabajadores, las bases mínimas y máximas de cotización o el límite máximo de las pensiones públicas.

También analiza el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que destina nuevas cotizaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, así como los cambios previstos para quienes hayan cotizado por las bases máximas y se jubilen a partir de 2026.

El autor propone además que la obligación de cotizar se vincule a la obtención de ingresos por trabajo, y no únicamente a la afiliación formal a la Seguridad Social.

 

 

Regular mejor las cotizaciones de años anteriores

 

Otro de los asuntos abordados es la posibilidad de reconocer cotizaciones correspondientes a periodos pasados en los que determinadas personas no aportaron al sistema.

El estudio cita casos relacionados con mutualidades profesionales, estudiantes en prácticas, determinados colectivos religiosos o deportistas profesionales.

Granado considera que estos mecanismos deberían contar con reglas claras y criterios de equidad, para evitar diferencias injustificadas respecto a quienes sí cotizaron en su momento.

 

 

Cambios en las pensiones de viudedad

 

La pensión de viudedad ocupa una parte importante del estudio. Actualmente, una persona puede percibir esta prestación mientras trabaja sin que sus ingresos laborales la reduzcan necesariamente. Sin embargo, cuando llega la jubilación, la suma de ambas pensiones puede verse limitada por el tope máximo de las pensiones públicas.

Granado considera que esta situación genera desequilibrios y propone estudiar una compatibilidad parcial entre la pensión de viudedad y los ingresos del trabajo mientras la persona permanece en activo.

El ahorro que pudiera obtenerse con esta medida podría destinarse, según su propuesta, a mejorar las pensiones de viudedad de quienes actualmente ven limitada su prestación al jubilarse.

El estudio también reclama un mayor equilibrio entre las pensiones de viudedad y las de orfandad. Según los datos que recoge, en 2025 el gasto en viudedad fue trece veces superior al destinado a orfandad.

Entre las opciones que plantea para el futuro figura incluso estudiar una evolución progresiva del actual sistema de viudedad hacia fórmulas de seguro voluntario para las parejas.

 

Revisar algunas jubilaciones anticipadas

El documento analiza también los coeficientes reductores que permiten a determinados profesionales jubilarse antes de la edad ordinaria debido a las características de su trabajo.

Granado considera que algunas de estas condiciones se establecieron en contextos laborales que han cambiado con el paso del tiempo. Entre los colectivos que menciona se encuentran maquinistas ferroviarios, estibadores y pilotos.

La propuesta pasa por generalizar recargos en las cotizaciones para aquellos trabajadores que pueden jubilarse antes y que actualmente no los pagan.

Además, plantea que estos sistemas de jubilación anticipada vayan acompañados de programas de reciclaje profesional durante los últimos años de la vida laboral.

El objetivo sería facilitar el cambio a puestos menos exigentes físicamente dentro de la empresa, en la Administración o mediante programas de recolocación.

 

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