Un total de 236.736 personas continúan en las listas de espera del Sistema de Atención a la Dependencia en España, según el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (AEDGSS) con datos correspondientes al tercer trimestre de 2026.
Aunque el número de personas pendientes se ha reducido en 21.431 desde comienzos de año, lo que supone un descenso del 8,3%, la asociación considera que el avance sigue siendo insuficiente. De mantenerse el ritmo actual, calcula que serían necesarios ocho años para eliminar las listas de espera.
El informe señala, además, que el incremento de la financiación estatal, que ha supuesto más de 730 millones de euros adicionales entre julio y septiembre, todavía no se ha traducido en una reducción significativa de los tiempos de espera ni en una mejora de la intensidad de los servicios y las prestaciones.

Más de 21.000 fallecimientos durante la espera

Uno de los datos más relevantes del informe es que 21.374 personas fallecieron durante los primeros nueve meses de 2026 mientras esperaban algún trámite de la dependencia, una media de más de 78 personas al día.
De ellas, 10.753 murieron sin haber recibido la valoración de su grado de dependencia, mientras que otras 10.621 fallecieron cuando ya esperaban la prestación o el servicio correspondiente.
Actualmente, de las 236.736 personas pendientes, 85.976 todavía no han sido valoradas y 150.760 aguardan recibir una prestación o servicio tras el reconocimiento de su derecho.
Aunque el sistema ha incorporado a 105.602 personas más a la atención desde finales de 2025, la asociación advierte de que el aumento de beneficiarios no está acompañado de mejoras equivalentes en la calidad e intensidad de los recursos.

Las diferencias entre comunidades autónomas

El informe también pone de manifiesto importantes desigualdades territoriales. Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias concentran el 65% de las personas que permanecen en lista de espera.
En cuanto a los tiempos de tramitación, la media nacional se sitúa en 314 días, frente al plazo máximo legal de 180 días. Aunque esta cifra se ha reducido en 27 días desde comienzos de año, todavía supera ampliamente el límite establecido.
Murcia registra el mayor tiempo medio de tramitación, con 529 días, seguida de Asturias (413), Andalucía (402) y Madrid (327). En el extremo contrario se encuentran Aragón (109 días), Castilla y León (120) y País Vasco y La Rioja, ambos con 130 días.
La evolución de las listas también presenta diferencias significativas. Cantabria, Madrid y Castilla-La Mancha figuran entre las comunidades donde más ha aumentado el número de personas pendientes, mientras que Asturias, Canarias y Navarra han registrado las mayores reducciones porcentuales.

Más financiación, pero sin mejoras significativas en las prestaciones

La Asociación cuestiona que el incremento de los recursos económicos esté repercutiendo de manera suficiente en la atención.
Según sus datos, el Servicio de Ayuda a Domicilio mantiene una intensidad media de 39 horas mensuales, mientras que la prestación económica para cuidados familiares se sitúa en unos 260 euros al mes y la ayuda vinculada a una plaza residencial alcanza una media de 545 euros mensuales.
La entidad considera que la burocracia, los retrasos administrativos, las diferencias territoriales y la limitada intensidad de algunas prestaciones siguen dificultando el acceso efectivo a los cuidados.
Por ello, reclama que las administraciones garanticen que el aumento de financiación se traduzca en una reducción real de los tiempos de espera y en una mejora de los servicios que reciben las personas en situación de dependencia.