El Consell ha aprobado el proyecto de Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, "puntal del código social valenciano que va a transformar la concepción asistencialista, propia de visiones caritativas de políticas anteriores, en una concepción moderna de derechos subjetivos y alcance universal", ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra.

A este respecto, Oltra ha destacado que la futura ley "reconoce y garantiza el acceso al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales a todas las personas con residencia efectiva en territorio valenciano que lo requieran". Es por ello que, cuando esta ley se aplique en su totalidad, "nuestra comunidad será la primera que, por ley, declara los servicios sociales como de interés general y esenciales", ha destacado la portavoz del Consell. 

Oltra ha incidido en que los servicios sociales van a dejar de ser "los hermanos pequeños de la educación y la sanidad y se sitúan al mismo nivel, como un derecho universal, subjetivo y de interés general", porque "cualquier persona en cualquier momento de su vida puede necesitar el apoyo de los servicios sociales". 

La vicepresidenta ha remarcado que el hecho de que sea considerado un derecho subjetivo implica "un cambio de filosofía", ya que "los presupuestos han de garantizar los recursos para hacerlos efectivos". Es decir, "el presupuesto ha de garantizar el derecho y no el derecho estar pendiente del presupuesto", ha insistido.  

Ordenar los servicios sociales  
La nueva ley será el marco jurídico de actuación que ordenará y regulará los servicios sociales en la Comunidad Valenciana y donde quedarán plasmados los derechos subjetivos en materia de servicios sociales de la ciudadanía valenciana. 

Entre las principales novedades, la norma regula los niveles funcionales del sistema: Atención Primaria (básica y específica) y Atención secundaria de carácter residencial. Asimismo, se delimita el territorio para garantizar la equidad en el acceso, estableciendo una zonificación con demarcaciones territoriales y un mapa de servicios sociales donde se identifican las necesidades y su cobertura. 

También incorpora el derecho subjetivo de acceso al sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y a sus prestaciones y servicios en condiciones de igualdad y equidad a través del catálogo de servicios y prestaciones. 

Asimismo, el proyecto de ley delimita las formas de colaboración entre las diferentes entidades locales de la Comunidad Valenciana y la Generalitat para garantizar la financiación y sostenibilidad económica del Sistema Público Valenciano de servicios Sociales.  

En este sentido, quiere potenciar el protagonismo de los municipios y establecer los mecanismos de planificación, colaboración y coordinación de los servicios sociales con los demás sistemas públicos para garantizar una atención integral a las personas. 

Paralelamente, la norma dota de estabilidad financiera al sistema, generando los convenios plurianuales con las entidades locales que, en el marco de personal y de prestaciones, tendrán una duración de 5 años y en el de programas de 3 años. 

La normativa también incluye la creación del Instituto Valenciano de Formación, Calidad e Investigación en Servicios Sociales para promover la calidad en los servicios, prestaciones y recursos humanos de la red pública.