El Gobierno ha aprobado la creación de una Comisión Interministerial con la que pretende impulsar una reforma del sistema de cuidados de larga duración y garantizar su sostenibilidad en un contexto marcado por el envejecimiento de la población.

La iniciativa, que se articula mediante un real decreto, establece un nuevo órgano de coordinación entre ministerios para abordar de forma integral una de las políticas clave del Estado del Bienestar. El objetivo es avanzar hacia un modelo más eficiente, equitativo y centrado en las personas en situación de dependencia.

El Ejecutivo considera necesario reforzar la gobernanza del sistema, que ya se basa en la cooperación entre administraciones, pero que afronta nuevos retos derivados del aumento de la demanda y de los cambios demográficos.

Impulso a un modelo comunitario

La nueva comisión trabajará alineada con la Estrategia Estatal de cuidados comunitarios impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. Este enfoque promueve un cambio de modelo que prioriza la atención en el entorno domiciliario frente a la institucionalización, con el fin de favorecer la autonomía personal y la permanencia en el entorno habitual.

La apuesta pasa por servicios más personalizados y adaptados a las necesidades individuales, en línea con las recomendaciones europeas en materia de atención social.

Entre las principales funciones de la comisión figuran el análisis de los cambios estructurales necesarios en el sistema, la identificación de medidas que aseguren su viabilidad a medio y largo plazo y la evaluación del grado de alineación de las políticas públicas con el nuevo modelo de cuidados.

El órgano también promoverá la innovación social y tecnológica, impulsará buenas prácticas y reforzará la colaboración entre administraciones y otros agentes implicados. Asimismo, elaborará informes con perspectiva de género para orientar la toma de decisiones.

Un enfoque transversal

Hasta ahora, los cuidados de larga duración carecían de un espacio formal de coordinación interministerial, pese a su impacto en múltiples ámbitos. Con esta comisión, el Gobierno busca dotar al sistema de un enfoque más coherente y transversal.

La atención a la dependencia no solo implica políticas sociales, sino también sanitarias, laborales y presupuestarias, lo que refuerza la necesidad de una acción coordinada para garantizar su sostenibilidad futura.