El envejecimiento de la población y el aumento de las situaciones de dependencia obligan a replantear el modelo de bienestar en España. Esa es una de las principales conclusiones del informe El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España, presentado por el CENIE, que defiende reconocer el cuidado como un derecho social y reforzar el sistema público de atención a la dependencia.
La investigación sostiene que los cuidados de larga duración deben ocupar un lugar central en las políticas públicas y consolidarse como el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones.
Más cobertura, pero una brecha de atención aún elevada
El estudio reconoce avances relevantes en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) durante los últimos años. Entre 2017 y 2025, las prestaciones se duplicaron y el denominado “limbo de la dependencia” se redujo en más de un 70 %.
A finales de 2025, más de 1,6 millones de personas recibían prestaciones o servicios vinculados a la dependencia. Sin embargo, el informe advierte de que el sistema sigue sin responder plenamente a las necesidades de cuidados de la población.
Estos son los principales datos destacados:
- El acceso al sistema continúa demorándose cerca de un año de media.
- El 72,4 % de las personas mayores con limitaciones en su vida diaria no recibe atención efectiva del SAAD.
- La brecha alcanza el 63,1 % en los casos de limitaciones severas.
- Más de una cuarta parte de las personas atendidas considera insuficientes los apoyos que recibe.
El informe también pone el foco en el peso de los cuidados informales, asumidos mayoritariamente por mujeres en el entorno familiar, y cuyo valor económico equivale aproximadamente a entre el 3,6 % y el 4,7 % del PIB.
Invertir en cuidados también impulsa la economía
Uno de los ejes centrales del estudio es el impacto económico de la inversión en dependencia. Los investigadores concluyen que reforzar las políticas de cuidados no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también genera actividad económica, empleo e ingresos públicos.
Según el análisis los 10.623 millones de euros invertidos en prestaciones de dependencia en 2023 generaron un impacto de 17.260 millones sobre el PIB. Además, cada euro invertido produjo un retorno económico aproximado de 1,6 euros. Y, cerca de la mitad del gasto público volvió a las administraciones mediante impuestos y cotizaciones sociales.
Además, el sector de los cuidados ya concentra cerca de 1,3 millones de empleos en España, aunque el informe subraya la necesidad de mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia una mayor profesionalización.
El reto de reforzar el sistema hasta 2030
De cara a los próximos años, el estudio advierte de que mantener los actuales niveles de inversión no será suficiente para responder al aumento de las necesidades derivadas del envejecimiento.
Por ello, propone incrementar la inversión pública en dependencia en torno a 0,6 puntos del PIB hasta 2030. Esta medida podría traducirse, según las estimaciones, en:
- La creación de alrededor de 430.000 nuevos puestos de trabajo.
- Un aumento de los ingresos públicos equivalente a 0,30 puntos del PIB.
- Una reducción de las desigualdades territoriales en el acceso a los cuidados.
La investigación apuesta por transformar el modelo actual hacia un sistema más profesionalizado, con mayor peso de la atención domiciliaria y comunitaria, coordinación entre administraciones y servicios centrados en las necesidades de cada persona.
En definitiva, el informe concluye que avanzar hacia un sistema público de cuidados más sólido no solo responde a un desafío social, sino que representa también una oportunidad económica y estratégica para el futuro de España.
