La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha reclamado en el Senado el pago de 201 millones de euros que, según ha denunciado, el Gobierno central adeuda a la comunidad en materia de dependencia correspondientes al año 2025.

Durante su intervención en la Cámara Alta, la responsable autonómica ha defendido que su comparecencia no respondía a una petición de trato preferente, sino a la exigencia del cumplimiento de la ley y del principio de igualdad recogido en la Constitución. En este sentido, ha advertido de que los ciudadanos extremeños no pueden quedar en desventaja frente a otras comunidades autónomas en la financiación del sistema de atención a la dependencia.

La consejera ha criticado especialmente las decisiones del Ejecutivo central relativas a la financiación del 50% del sistema en País Vasco y Cataluña, al considerar que suponen “una desigualdad institucionalizada”. Frente a ello, ha recordado que, en el caso de Extremadura, la aportación estatal se sitúa actualmente en torno al 25 %, lo que obliga a la comunidad a asumir tres de cada cuatro euros destinados a este ámbito.

En este contexto, ha subrayado que la Junta está haciendo un esfuerzo presupuestario “histórico” para sostener el sistema a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), en línea con el compromiso del Gobierno autonómico de reforzar los servicios públicos.

Una población que sigue envejeciendo 

Asimismo, ha alertado del impacto del envejecimiento demográfico en la región, una de las más afectadas por este fenómeno, lo que incrementará de forma notable la demanda de cuidados de larga duración en los próximos años. Pese a ello, ha insistido en que el Estado no está cumpliendo con su obligación de cofinanciar el sistema en igualdad con las comunidades autónomas, como establece la normativa vigente.

La consejera ha puesto en valor los avances logrados desde 2023, entre ellos la concesión de 5.842 nuevas prestaciones, la incorporación de 3.230 nuevos beneficiarios, la reducción continuada de las listas de espera durante 25 meses y la disminución en 79 días de los tiempos de resolución, situándose ya por debajo de la media nacional.

Finalmente, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional con la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes y ha asegurado que Extremadura continuará reclamando “justicia territorial” en la financiación del sistema. “El aumento de la esperanza de vida debe ir acompañado de una vida con esperanza”, ha concluido.