El envejecimiento de la población española está elevando el gasto en pensiones, sanidad y dependencia, al tiempo que reduce el peso de la población en edad de trabajar. Esta combinación amenaza el crecimiento económico y dificulta la financiación del Estado del bienestar, según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
El informe, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, investigador de FEDEA y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que el principal obstáculo para alcanzar un mayor equilibrio entre generaciones no es solo económico, sino institucional.
Entre 1995 y 2024, el gasto público asociado al envejecimiento aumentó en 5,3 puntos del PIB, mientras que la inversión pública se redujo del 4,4 al 2,7 por ciento. Al mismo tiempo, la evolución demográfica dejó de contribuir positivamente al crecimiento de la renta por habitante y pasó a restarle impulso.
El estudio también señala el creciente peso electoral de las personas mayores. En 2017, los votantes de más de 64 años superaron por primera vez a los menores de 35. Las proyecciones apuntan a que en 2074 los mayores representarán el 35 por ciento del electorado potencial, frente al 20 por ciento de los jóvenes.
Según el autor, esta evolución puede favorecer políticas centradas en el gasto inmediato y reducir el margen para inversiones cuyos beneficios se perciben a largo plazo.
Más representación para las generaciones futuras
Para corregir este desequilibrio, FEDEA plantea tres ámbitos de reforma. El primero busca reforzar la presencia de los intereses de las generaciones futuras en la toma de decisiones. Entre las propuestas figuran reducir la edad de voto a los 16 años, crear organismos encargados de velar por el largo plazo y exigir evaluaciones de impacto intergeneracional en determinadas normas.
El segundo ámbito se refiere a las reglas fiscales. El estudio propone que los aumentos del gasto dirigido a las personas mayores vayan acompañados de inversiones equivalentes en políticas de futuro y que no se financien mediante deuda.
La tercera línea de actuación consiste en adaptar el Estado del bienestar a una sociedad más longeva. El informe defiende una reforma de las pensiones vinculada al aumento de la esperanza de vida, una jubilación gradual que permita compatibilizar empleo y pensión, una mayor cobertura de la dependencia y el impulso de planes de pensiones de empleo.
También reclama priorizar la inversión pública en educación, investigación, innovación, infraestructuras estratégicas y lucha contra la pobreza infantil.
El estudio sostiene que garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar exige evitar una confrontación entre edades y alcanzar un nuevo acuerdo que proteja a las personas mayores sin reducir las oportunidades de las generaciones más jóvenes.
