La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, presidió el pasado lunes el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, monográfico sobre el programa de interés general con cargo a la asignación del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por el que se distribuye lo recaudado de los contribuyentes que marcan la casilla “Actividades de Interés general consideradas de Interés Social”.

En la reunión, a la que asistieron los consejeros de Servicios Sociales, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas acordaron establecer un tramo estatal del 20 % y un tramo autonómico del 80 %. Montserrat insistió en que el nuevo modelo de gestión mixta “garantiza que el programa del 0,7 % siga llegando a 7,3 millones de personas, las que más lo necesitan”.

Para determinar la proporción de fondos que corresponden al tramo estatal se ha tenido en cuenta cuáles son las competencias que el Estado puede ejercer en el ámbito de estos programas y la distribución de los programas en la última convocatoria del programa. El modelo de gestión mixta fue acordado por unanimidad entre el Ministerio y las comunidades autónomas en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia del 26 de abril.

Con este nuevo modelo, el Gobierno da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 9/2017, de 19 de enero de 2017, que obligaba al Estado a redefinir el marco regulador de estas subvenciones, después de la Generalitat de Cataluña haya recurrido sistemáticamente la convocatoria desde 1990.

En la convocatoria de ayudas para 2017, se repartirán 240,8 millones de euros, es decir, 6 millones más que en 2016. De los 240,8 millones, 48,2 millones corresponden al tramo estatal y 192, 6 millones al tramo autonómico.

El Ministerio y las comunidades autónomas acordaron que en el reparto de los fondos para este año 2017 se mantenga el porcentaje que recibió cada comunidad autónoma en 2016, de manera que se garantice que reciban, como mínimo, la misma cantidad que el año pasado.

La ministra aseguró que el Gobierno garantizará que estos fondos tengan una aplicación finalista y que el Ministerio recibirá por parte de las comunidades autónomas la justificación de los fondos y que continuará “dialogando y cooperando con el Tercer Sector y las comunidades autónomas”. De hecho, la ministra señaló que para diseñar este nuevo modelo, el Ministerio ha mantenido más de 50 reuniones con las entidades y con las autonomías.