El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, ha presidido una reunión con el Foro Justicia y Discapacidad, creado en 2003 por el Consejo General del Poder Judicial, con el fin de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para avanzar en la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

En la reunión, se han tratado cuestiones que están entre los principales objetivos de este Foro, como la creación de un Observatorio de la Discapacidad, la mejora de la accesibilidad a los edificios judiciales o la especialización de jueces.

En este sentido, durante la pasada legislatura el Gobierno tomó medidas para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Para ello, se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar los derechos de los ciudadanos sordos y sordociegos en los procesos penales mediante las herramientas que precisen, es decir, intérpretes de lengua de signos u otros apoyos a la comunicación oral.

Además, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil mantiene el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, además de a otros colectivos. Este acceso se acompaña de una atención o asesoramiento jurídico especializado desde el momento de interposición de la denuncia.

También se ha reforzado la protección jurídica de las personas con discapacidad con el Estatuto de la víctima del delito aprobado la pasada legislatura. El texto avanza en el enfoque de derechos establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Por otro lado, la pasada legislatura se avanzó en la igualdad con la aprobación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que proporciona mayor seguridad jurídica y protección a las casi cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España.