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Foto de un paciente y su enfermera

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presentado el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León 2017-2021, que pretende construir un sistema de calidad, eficiente e innovador, que sea accesible y gestionado bajo un enfoque ético, que optimice las aportaciones de todos los agentes implicados, que opere de forma coordinada y que ponga en todo momento al ciudadano como centro de la actuación.

Alicia García ha asegurado que el Plan Estratégico establece 7 líneas estratégicas, 32 objetivos y 101 actuaciones que está previsto que beneficien a 400.000 personas. Está dotado con 89,5 millones de euros para sus 6 primeras líneas de actuación. Si se incluye la séptima línea, que recoge las actuaciones del resto de la programación sectorial ya presupuestada, el total es de casi 4.300 millones de euros.

Su objetivo principal es avanzar en la mejora del sistema de Servicios Sociales y para ello, partiendo de un diagnóstico, se lleva a cabo una planificación estratégica que permita anticipar las necesidades sociales de futuro y dar la mejor respuesta posible. Por este motivo, para su elaboración se han analizado dos aspectos fundamentales: el contexto demográfico y la pobreza y el riesgo de exclusión. En cuanto a la planificación estratégica, ha marcado las líneas estratégicas, los objetivos y actuaciones y los agentes implicados. Todo ello a través de indicadores y estableciendo una memoria económica temporalizada.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido a que, para la elaboración del Plan Estratégico y de sus líneas estratégicas, se ha realizado un detallado diagnóstico de las principales situaciones de necesidad social de Castilla y León, marcado por dos ámbitos fundamentales: la demografía y la pobreza y la exclusión social.

En lo que se refiere al problema demográfico, el diagnóstico señala que el 24,4 % de la población es mayor de 65 años, y el 9,3 % mayor de 80, por lo que en 2029, tres de cada 10 personas tendrán más de 65 años y una de cada 10 más de 80. Hay que tener en cuenta que Castilla y León es la comunidad más envejecida de España. Otro de los datos que aporta el diagnóstico es que las personas mayores son mayoritariamente mujeres. Así, las mujeres de más de 80 años son 55.423 más que los hombres. Y eso se percibe también en la esperanza de vida: 86,48 para las mujeres y 80,89 para los hombres. Esto está dando lugar a una inversión de la tendencia demográfica, y en la actualidad hay más población mayor que joven, especialmente en el medio rural, donde la media de edad es de 54 años. En cuanto a las personas dependientes, el 78,4 % de los atendidos tiene más de 65 años y la mitad de ellos están en el medio rural, mientras que se incrementa el porcentaje de dependientes que tienen entre 80 y 94 años.

Las conclusiones respecto a este diagnóstico son que se considera necesario hacer frente a este proceso de sobreenvejecimiento y prestar una atención especial a quienes viven en el medio rural, acercando la atención hasta el hogar. Para ello, hay que desarrollar nuevas formas de atención utilizando las nuevas tecnologías y potenciando la coordinación sociosanitaria. En definitiva, el reto es desarrollar una atención de calidad basada en la innovación y las nuevas tecnologías, que nos permita dar una respuesta más rápida y adaptada a las necesidades de las personas.

El segundo ámbito del diagnóstico es el referido a la pobreza y la exclusión. Como datos más relevantes, cabe señalar que la crisis ha dado lugar a nuevos tipos de empobrecimiento y al incremento de colectivos vulnerables. Aun así, Castilla y León es una de las comunidades con menor índice de pobreza de España, con indicadores de pobreza en línea descendente, similares al período precrisis, 17,7 % y casi 5 puntos por debajo de la media nacional. Castilla y León es también la comunidad española con menor tasa de hogares con carencia material severa, 2 %, y la segunda con menor tasa de pobreza energética, con un 3,6 %. Finalmente, la tasa de pobreza infantil también se encuentra muy por debajo de la media nacional.

La principal conclusión de este diagnóstico en el ámbito de la pobreza y la exclusión social es la necesidad de consolidar las respuestas que se ofrecieron durante la crisis integrando todos los recursos en la Red de Protección, todo ello aprovechando sinergias y elementos transversales que le son comunes a varios grupos en exclusión.

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