Más de 62.700 personas en situación de dependencia se benefician del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía, el 31% del total nacional. Este recurso junto a otros de la Ley de Dependencia como los centros de día y la teleasistencia son servicios de proximidad, considerados como los principales instrumentos para garantizar la calidad asistencial en el entorno de la persona en situación de dependencia y que, además, son generadores de empleo, más de 18.000 puestos de trabajo en Andalucía.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha explicado las mejoras incluidas en la nueva Orden de Ayuda a Domicilio, que viene a agilizar el sistema de financiación de este servicio en el ámbito de la dependencia en Andalucía.

Sánchez Rubio ha informado de las principales mejoras de esta nueva Orden, principalmente en materia de financiación. Hasta la publicación de esta Orden, la financiación de este servicio se llevaba a cabo a través de un sistema de entregas a cuenta y justificaciones con periodicidad semestral. “Con el nuevo sistema de financiación se eliminan las entregas a cuentas y se pasa a un sistema de pagos mensuales, a mes vencido, en coherencia con  la asignación mensual a las comunidades autónomas establecidas por la normativa estatal que regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley de Dependencia”, ha resaltado la consejera.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha resaltado que la financiación, por tanto, será mensual, en función del número de horas efectivamente prestadas y del coste/hora del servicio. De esta forma, se configura un sistema más ágil y adecuado a la realidad.

“Las dificultades que hayan podido surgir respecto de la supresión de las entregas a cuenta del anterior sistema, han tratado de solventarse a través de la emisión de certificados de garantía de financiación, en todos los casos en los que la corporación local lo ha solicitado”, ha señalado.

El Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía se configura de titularidad pública y su organización es competencia de las corporaciones locales, que pueden gestionarlo de forma directa o indirecta.

En la actualidad, nueve de cada diez corporaciones locales de Andalucía (diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes) ya están gestionando de forma normalizada y acorde con el nuevo sistema de financiación, a los que se han transferido un total de 261,4 millones de euros en el año 2017.