La Vicepresidencia de Derechos Sociales y los interlocutores sociales alcanzan un acuerdo en materia de dependencia
La Secretaría de Estado de Derechos Sociales alcanzó el 14 de enero, en la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia, un acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales para el desarrollo del Plan de Choque y el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia inició su trabajo en julio de 2020, y desde entonces ha venido realizando reuniones regulares en cuyas conversaciones han participado CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, junto con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Desde el primer momento, tanto los representantes de la Administración General del Estado como los interlocutores sociales han mostrado una clara voluntad de alcanzar un acuerdo en torno a una cuestión tan importante como la mejora del Sistema de Atención a la Dependencia.
El acuerdo alcanzado incluye un incremento de la financiación del SAAD por parte de la Administración General del Estado de, al menos, 600 millones de euros para este año 2021, que incluye una subida de las cuantías del nivel mínimo del 17,4 % y la recuperación del nivel acordado.
El aludido acuerdo establece objetivos prioritarios de mejora del SAAD para los próximos años, entre los que destacan particularmente reducir de forma sustancial la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAAD son adecuadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad.
A su vez, se adquiere el compromiso de que la mesa de Diálogo Social pacte propuestas para la revisión del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD, que se remitirán para su consideración por el Consejo Territorial. Esta revisión incluirá mejoras que refuercen la calidad de los servicios; las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos; así como la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de estándares de calidad, incluyendo el posible incremento de los precios de concierto vinculados a la mejora de los estándares de calidad en la atención y el empleo.
El acuerdo alcanzado contempla, asimismo, que a lo largo del 2021 se regulará la figura profesional del asistente personal, y que al final de 2022 todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un “derecho subjetivo” ligado a la condición de dependencia.