El Tribunal Supremo sentenció, a principios de este mes de abril, que los herederos de las personas dependientes que fallecen sin que haya aprobado su Programa Individual de Atención (PIA), tiene derecho a recibir la devolución de los gastos que hayan tenido que adelantar hasta su fallecimiento. Esta sentencia marca un antes y un después para los miles de familias que permanecen en el “limbo de la dependencia”.

Según los datos de la Asociación de directores y gerentes en Servicios Sociales, cada año mueren en España unos 40.000 dependientes sin una respuesta de la administración, de ellos, unos 20.000 estarían pendientes de la resolución de grado y otros 20.000 del PIA. Actualmente, hay 296.000 personas en lista de espera para ser atendidos y el tiempo medio de espera para acceder a la prestación es de 324 días.

Estas cifras nos dan una idea de la relevancia de la sentencia del Tribunal Supremo. En este caso se trata de una familia de Andalucía cuyos herederos, tras la sentencia, pueden reclamar los gastos a los que han tenido que hacer frente para el cuidado de su familiar en situación de dependencia. En dicha sentencia, el Tribunal Supremo ha considerado la posibilidad de que los herederos soliciten el reembolso de gastos no cubiertos debido a demoras administrativas en la aprobación del Plan Individual de Atención.

Los magistrados han explicado que la muerte de quien se le reconoció el derecho a tener la condición de dependencia acaba con la percepción de las prestaciones una vez concretadas y aplicadas.

Los mayores celebran esta medida

Esta sentencia del Tribunal Supremo ha sido muy bien acogida por los colectivos de personas mayores. La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) la aplaude y considera que “marca un hito histórico en el movimiento asociativo de mayores, ya que abre la puerta a un mayor reconocimiento de los derechos de las personas mayores y de las personas dependientes”.

Por lo tanto, la Plataforma anima a todas las familias afectadas por situaciones similares a que reclamen los gastos no cubiertos con carácter retroactivo, utilizando los recursos legales disponibles.

Esta sentencia del Tribunal Supremo es un recordatorio de la importancia de garantizar un acceso rápido y justo a las prestaciones de dependencia para todos los ciudadanos. La PMP reconoce que refuerza la necesidad de una mayor colaboración entre las administraciones para hacer frente a este desafío social tan importante para los ciudadanos.