Copago: participación del beneficiario en el coste de las prestaciones

Proyecto de Real Decreto

La aportación del usuario en el coste de los servicios que recibe, siempre se ha medido en función de la renta y patrimonio, pero no se aprobó por Real Decreto y prácticamente ninguna comunidad autónoma aplicó el copago. Así, mientras que la Memoria Económica de la Ley de Dependencia establece en un 33 % el copago del usuario, que nunca se cumplió, hay regiones en las que los usuarios han aportado cero euros.

Existía, por tanto, un vacío legal hasta que, en el Consejo Territorial de julio de 2012, se acordó una forma de medir la capacidad económica de los usuarios igual en todo el territorio.

Se trata del Proyecto de Real Decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones, que establece los criterios mínimos y comunes para determinar la capacidad económica del usuario, en función de su renta y patrimonio, y la fórmula para establecer su aportación al coste de los servicios que recibe en el conjunto del territorio nacional. Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el objetivo es garantizar la igualdad de los beneficiarios y hacer un modelo más justo, equitativo y solidario.

De esta manera, la aportación del beneficiario se regulará por Real Decreto y, en lugar de ir por tramos, el Ministerio ha diseñado fórmulas proporcionales y progresivas en función del precio de referencia del coste del servicio y de la capacidad económica del usuario.

Actualmente, el Ministerio está tramitando este Proyecto de Real Decreto, que aportará seguridad y garantía jurídica al conjunto normativo del Sistema de Dependencia.

No obstante, las comunidades autónomas (algunas ya lo han hecho) pueden proceder a desarrollar la normativa en sus respectivas regiones y regular la aportación del usuario. Según el propio Ministerio, capacidad para hacerlo tienen, porque en el Acuerdo del Consejo Territorial de julio de 2012, que fue publicado en el BOE de 3 de agosto, se plasmó el Proyecto de Real Decreto. Por tanto, las comunidades sólo tienen que trasladarlo a su normativa autonómica.

Cómo se aplica

El copago nunca puede superar el 90% del coste del servicio

A medida que aumenta la capacidad económica del usuario, este aportará más. Pero con un tope: nunca puede superar el 90 % del coste del servicio. Por otra parte, la vivienda habitual computará en el supuesto de que la persona beneficiaria reciba atención residencial o la prestación económica vincula

da a tal servicio y no tenga personas a su cargo que continúen residiendo en dicha vivienda. Pero si el dependiente se mantiene en su domicilio, la vivienda no computa como patrimonio.

Ahora bien, nadie se quedará fuera del Sistema por no disponer de recursos económicos. Por consiguiente, la capacidad económica mínima de la persona beneficiaria está referenciada a la cuantía mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); es decir, quien no supere el IPREM (450 euros al mes) aporta cero euros.

Al tratarse de unos requisitos mínimos, las comunidades autónomas podrán establecer medidas complementarias que aumenten la aportación del usuario cuando así lo regule su normativa. En el supuesto de que alguna comunidad autónomas utilice el indicador de mínimos exentos de capacidad económica diferente al acordado, que suponga una condición más ventajosa para los beneficiarios, será financiado con cargo al nivel adicional establecido, además de tenerse en cuenta en la liquidación del nivel mínimo de protección.

Incremento de la aportación

El Plan Nacional de Reformas 2013, que el Gobierno envió a Bruselas, refleja un incremento en el copago de los beneficiarios del 5 % en tres años. A este respecto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad confirma que el copago del usuario puede aumentar, porque había beneficiarios que no aportaban por falta de normativa en sus comunidades autónomas o también porque se puede dar la circunstancia de que ahora su tramo de progresividad haya cambiado.

No obstante, el Ministerio subraya que el 5 % se trata de una estimación de la aportación de los más de 748.000 beneficiarios que, actualmente, hay en el Sistema recibiendo prestación y los que puedan entrar.

A pesar de ello, recordar que ningún dependiente se quedará sin atención por falta de recursos.

Renta y patrimonio

Se considera renta los ingresos del beneficiario, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos. Mientras, se entiende por patrimonio del beneficiario el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.